“La retirada de las tropas estadounidenses o las reducciones en el apoyo de subvenciones internacionales a las fuerzas de seguridad de Afganistán tendrían una serie de impactos impredecibles en la seguridad, la cohesión política y la economía”, escribió el Banco Mundial en su Actualización sobre el desarrollo de Afganistán, publicado en abril. “El espacio fiscal sigue siendo muy restringido en el contexto de un desempeño de ingresos debilitado y una disminución de los subsidios internacionales”.

Aunque el déficit presupuestario de Afganistán ha sido relativamente bajo como parte de su economía, el Banco Mundial advirtió que el país estaba en “alto riesgo de sobreendeudamiento externo y general” debido a su dependencia de subsidios externos y bajas exportaciones.

El Banco Mundial, que ha proporcionado más de 5.300 millones de dólares para proyectos de desarrollo y reconstrucción de emergencia en Afganistán desde 2002, evacuó a miembros de su personal y sus familias del país a Islamabad, Pakistán, esta semana. Un portavoz del Banco Mundial no comentó sobre el futuro de su trabajo en el país.

Paul Cadario, un ex funcionario del Banco Mundial, sugirió que una cuestión clave era si los talibanes podrían cumplir con los proyectos de infraestructura que los grupos de desarrollo extranjeros habían estado financiando y mantener los servicios públicos para crear una economía funcional. Sin embargo, dijo, sigue siendo incierto si los talibanes permitirán que continúe el trabajo en proyectos relacionados con la salud pública y la educación, y el estado de instituciones básicas como la administración tributaria permanece en el limbo.

“Presumiblemente, parte de lo que hace el gobierno lo pagarán los talibanes con dinero de otras fuentes de ingresos como el opio”, dijo Cadario, quien es miembro de la Escuela Munk de Asuntos Globales y Políticas Públicas de la Universidad de Toronto. .

Un informe de las Naciones Unidas en junio destacó la falta de credibilidad económica de los talibanes, detallando cómo su financiación proviene de actividades delictivas como el tráfico de drogas, la producción de amapola, la extorsión, el secuestro para pedir rescate y la explotación de minerales. Estimó que los ingresos del grupo por esas prácticas ascendieron a entre $ 300 millones y $ 1,6 mil millones al año.