El comienzo de 2023 llega con Más de un dolor de cabeza para el presidente Gabriel Boric. A los 13 polémicos indultos que costó este sábado la renuncia de su ministro de Justicia, se sumó en las últimas horas un polémico nombramiento de dos altos cargos en ese ámbito, en un nuevo golpe al Gobierno del joven presidente.

Se trata de su candidato a la Fiscalía General de Chile, el abogado Ángel Valencia, quien fue denunciado en la prensa la misma noche del sábado que en los primeros años del 2000 fue dDemandado por su exmujer por impago de pensión alimenticia a sus tres hijospor lo que tenía una orden de arresto.

Sus abogados ganaron una medida cautelar y una reducción en el monto de la deuda a costa de un litigio que se prolongó durante años.

Al mismo tiempo, la prensa chilena reveló que Luis Cordero Vega, propuesto por Boric para reemplazar a la titular de Justicia renunciante, Marcela Ríos, tiene un historial de plagio intelectual que se remonta a 2015.

En ese momento, este profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile fue sancionado por esa misma universidad por un caso de plagio habiendo utilizado transcripciones literales de párrafos ajenos en dos de sus libros, publicados en 2011 y 2015, sin indicar la fuente respectiva.

En agosto de 2015 se presentó un sumario en su contra basado en denuncias de tres docentes (Claudio Moraga, Cristián Román y Gladys Camacho), que terminó con una suspensión de trabajo Dos meses con medio sueldo.

Por su parte, el Rectorado de la Universidad de Chile calificó los delitos como “violaciones al deber de probidad administrativa”.

El desgaste del gobierno

Estos groseros errores del equipo presidencial someten al gobierno a un mayor desgaste y dan munición pesada a sectores de la oposición conservadora contra el presidente, que el sábado debería haber admitido errores en la concesión de doce indultos a condenados por delitos cometidos en el estallido social de 2019 y a un exguerrillero, Jorge Mateluna, condenado por atraco a un banco en 2013.

El caso que más repercusión tuvo este domingo fue la sustitución del fiscal ya que Valencia debía comparecer este lunes ante el Congreso para informar sobre su futuro plan de actuación en caso de contar con la aprobación parlamentaria para su mandato de ocho años.

En Chile, el fiscal nacional es designado por el Presidente de la República, quien elige uno de los cinco candidatos propuestos por la Corte Suprema y debe ser ratificado por dos tercios de los 50 votos del Senado.

Valencia es la tercera propuesta del presidente desde los legisladores rechazaron a sus dos candidatos anterioresJosé Morales Opazo y Marta Herrera.

Desde la creación del Ministerio Público en el año 2000 con la implementación de la reforma procesal penal, es la primera vez que el Senado impugna candidatos designados por el presidente.

Según informa el periódico en línea EncimeraA principios de 2000, el candidato a fiscal Valencia tuvo un duro enfrentamiento en los Juzgados de Familia cuando su exesposa, Vivian Massardo, lo demandó alegando que “no proporciona lo necesario para la adecuada subsistencia de sus tres hijos”. «

Luego de que el Juzgado de Familia ordenara su detención, los abogados del candidato ganaron un recurso de amparo y las medidas quedaron sin efecto, aunque tuvo que pagar la pensión en un juicio que se prolongó durante años.

La oposición acusa a Boric de no buscar consenso en el Senado, donde no tiene mayoría, mientras que desde el oficialismo señalan a los senadores de derecha por “apropiarse” de una facultad presidencial y querer influir demasiado en la elección del nuevo fiscal. El Ministerio Público está sin cabeza desde finales de septiembre pasado cuando Jorge Abbott dejó el cargo al cumplir el límite de edad de 75 años.

El nombramiento de un nuevo fiscal nacional coincide con una crisis de seguridad sin precedentes, provocada por el aumento del crimen organizado y la delincuencia.

Estos nuevos problemas de gobierno, todos registrados en la misma cartera judicial, se dan luego de que la oposición conservadora torpedeara al presidente desde finales de año por haber dicho que ninguno de los indultados eran delincuentes (lo cual fue desmentido por los registros publicados) y cuando afirmó que hubo “errores judiciales” en el trámite del caso del exguerrillero Mateluna.

Las declaraciones del presidente generaron una encrucijada con la Corte Suprema, que en un comunicado del pleno le exigió respetar la división de poderes.

Boric respondió entonces que estaba de acuerdo con el reclamo legal, aunque ratificó su derecho a otorgar indultos como lo indica la Constitución del país.

Redacción de Clarín, con información de agencias

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