Una coalición de la industria de alta tecnología en los Estados Unidos está instando al presidente Joe Biden a adoptar una línea dura contra el enfoque de Canadá hacia los servicios digitales.

El grupo dice que el impuesto a los servicios digitales propuesto apunta injustamente a las empresas estadounidenses y está fuera de sintonía con los esfuerzos internacionales para establecer un estándar global.

En una carta a Biden, también se quejan de dos controvertidos proyectos de ley federales: la Ley de Transmisión en Línea, conocida como Proyecto de Ley C-11, y la Ley de Noticias en Línea, o Proyecto de Ley C-18.

Advierten que C-11, que está destinado a proteger a los proveedores de contenido canadienses, podría resultar contraproducente y, en última instancia, aumentar los costos para los consumidores.

Y temen que la Ley de Noticias en Línea, que compensaría a las organizaciones de noticias y emisoras canadienses, podría violar el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá.

Biden se reunirá con el primer ministro Justin Trudeau a finales de esta semana como parte de su primera visita a Canadá desde que asumió la Casa Blanca en 2021.

“Nos preocupa que Canadá esté llevando a cabo una serie de propuestas y acciones problemáticas que podrían limitar significativamente la capacidad de las empresas estadounidenses para exportar sus bienes y servicios y competir de manera justa en el mercado canadiense”, dice la carta.

“Es fundamental que Estados Unidos responsabilice a Canadá por sus compromisos con el USMCA para garantizar el éxito continuo de este importante acuerdo”.

La carta está firmada por 10 asociaciones diferentes en el espacio de servicios digitales, incluida la Asociación de la Industria de Computación y Comunicaciones, el Consejo de la Industria de Tecnología de la Información y la Cámara de Comercio de EE. UU.

Lo primero y más importante que tienen en la mira es el impuesto a los servicios digitales “discriminatorio y retroactivo” de Canadá, que el grupo estima que recaudaría 4.000 millones de dólares en cinco años, principalmente de empresas estadounidenses.

El impuesto, diseñado para garantizar que los gigantes tecnológicos paguen su parte justa de impuestos en países donde obtienen ingresos sin una presencia física, solo entraría en vigencia el próximo año si no se forma un nuevo marco tributario multilateral para entonces.

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Canadá ha respaldado el llamado “marco inclusivo”, establecido bajo los auspicios del G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

“La búsqueda de Canadá de un DST sentaría un precedente dañino para que otros participantes del marco inclusivo adopten impuestos dirigidos de manera similar en los servicios digitales de EE. UU.”

El precedente en otros lugares también es una preocupación con la Ley de transmisión en línea, que las asociaciones dicen que huele a un esfuerzo por imponer en Internet un esquema regulatorio diseñado para el “mundo tradicionalmente restringido de la transmisión”.

Si se aprueba, el proyecto de ley “podría tener consecuencias desastrosas para la producción y distribución de contenido y podría inspirar a otros países a implementar esquemas de preferencia de contenido similares”.

Y dicen que la Ley de noticias en línea, que ya está alimentando las crecientes tensiones entre el gobierno federal y los gigantes tecnológicos como Google y Meta, parece prohibir a las empresas digitales fuera de los EE. UU., una violación de los términos del acuerdo comercial trilateral de América del Norte.

“Es fundamental que el gobierno de EE. UU. haga que Canadá cumpla con sus compromisos comerciales y subraye el precedente global negativo que se establecería si Canadá implementa estas medidas en su forma actual”.