Superado el dogma neoliberal del capitalismo salvaje, volvemos al sensato consenso neokeynesiano de que una buena distribución de la riqueza es lo que garantiza un crecimiento económico sostenido. Además de generar bienestar en la sociedad. La vieja paradoja de que una sociedad no es rica deja de ser válida si la mayoría de sus ciudadanos son pobres y la riqueza está en manos de unos pocos. El crecimiento económico tiene que ser compartido.

Si lo miramos en perspectiva desde finales del siglo anterior, vemos un desequilibrio creciente en el peso de las rentas del capital y del trabajo. La plusvalía de la transformación digital de la economía y la revolución exponencial de la productividad no se está repartiendo por igual. El actual modelo de redistribución conduce a la acumulación en manos de unos pocos y al crecimiento permanente de la desigualdad.

Un gran acuerdo social amplio es absolutamente necesario

Hemos llegado al momento en que deben replantearse a fondo los mecanismos de distribución de la riqueza. A grandes rasgos, para ello se han esbozado dos elementos centrales: una política fiscal progresiva y la negociación colectiva y los salarios.

Con el exitoso ciclo de pacto social que estamos viviendo, con los ERTE hemos conseguido mantener millones de puestos de trabajo, regular y trabajar en plataformas digitales, reducir la temporalidad a la mitad, subir el salario mínimo de 645 euros a 1.080 en siete años, volver pensiones al IPC y subirlas un 8,5% el año pasado. Pero, aunque el refuerzo de la negociación colectiva de la reforma laboral, y la insistencia del sindicato, empiezan a dar sus frutos, en el primer trimestre de 2023 la subida salarial pactada es del 4,82% frente al 2,91% de 2022, los beneficios de las empresas son subió un 91% el año pasado, y los salarios siguen estancados y el desequilibrio capital/trabajo sigue creciendo. El año pasado las rentas del capital crecieron un 15% y las rentas laborales globales, recordemos que se están creando empleos, un 5%.

Y esto en las empresas también va por barrio. Los beneficios se concentran básicamente en las grandes empresas. Ni autónomos, ni pequeñas empresas, ni trabajadores y trabajadoras, participamos por igual del crecimiento y auge de las prestaciones. Son las grandes empresas de tecnología y comunicación, las energéticas, las constructoras, las distribuidoras, las financieras, en su cadena de subcontratación y precios totalmente desleales, las que lo hacen.

Es absolutamente necesario un gran pacto social amplio para articular una mejor redistribución de la riqueza, y elementos legales transparentes para limitar los beneficios exorbitantes.

Este 1 de mayo debe ser reivindicativo como siempre, pero no podemos dejar de exponer y defender los últimos avances. Pero quedan muchas cosas pendientes: hay que hablar del precio del despido, de la brecha salarial de género, de la formación profesional dual, de la mejora de los servicios públicos de empleo, de la transición ecológica justa y de la vivienda.