El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación que lanzamos hace tres años para mejorar las condiciones de vida de los hogares más vulnerables.

Es un servicio innovador y dinámico, que interioriza las especificidades de cada hogar para atender sus necesidades de manera diferenciada. Esto hace más complejo su despliegue, pero lo hace más responsable fiscalmente y, sobre todo, más justo.

Esta complejidad nos hizo querer evaluarlo desde el principio, analizando cómo hemos ido llegando a los beneficiarios, y hablando con colectivos cercanos a los solicitantes, con otras administraciones, con el tercer sector, poniendo soluciones para solucionar los problemas que se iban identificando. Así, hemos puesto en marcha, entre otras medidas, mecanismos para poder reconocer como beneficiarios a los perceptores de rentas autónomas, creado el registro de mediadores para que el tercer sector pueda certificar situaciones de vulnerabilidad, y hemos incorporado un suplemento para ayudar a los niños a combatir la infancia. pobreza. .

Y también hemos hecho un esfuerzo enorme para intentar entender por qué algunas de las más de 800.000 familias que habíamos identificado como potenciales beneficiarias del IMV en base a sus datos fiscales no lo habían solicitado. Nos hemos esforzado en saber quiénes eran, nos hemos puesto en contacto con ellos por SMS cuando hemos podido, e incluso hemos puesto en marcha un autobús informativo que ha recorrido el país llamando la atención sobre esta situación.

Reorientar el IMV como propone la Airef no sería justo ni fiscalmente responsable

Desde el principio quisimos involucrar en la evaluación a la institución que creíamos que mejor podía contribuir a su mejora a través de su análisis, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Con esta expectativa, nos ha sorprendido cómo la Airef ha afrontado la evaluación del IMV. En primer lugar, porque sus conclusiones implican una concepción del beneficio diferente a la inicialmente prevista. La recomendación de la Airef de que la prestación se conceda de oficio únicamente en base a datos fiscales no solo supondría un gran problema de gestión al aumentar exponencialmente las solicitudes de devolución -cuestión que también critica el informe-, sino que crearía una extensión injustificada de la prestación a colectivos para el que no está destinado.

En la práctica, se recomienda otorgar el beneficio de oficio a 800.000 familias, lo que solo podríamos hacer sin verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso, otorgando el beneficio a personas que no están dispuestas a interactuar con la Administración porque sus datos fiscales pueden no ser completo o correcto. Reorientar el IMV en la dirección que propone la Airef no sería ni justo ni fiscalmente responsable, y comprometería la aceptabilidad social de esta política de apoyo a los más vulnerables.

Además, la obsesión por llegar a un número de beneficiarios nos lleva a interpretar como algo negativo que haya familias que abandonen la prestación, cuando muchas de estas salidas son consecuencia de la inserción laboral de los beneficiarios, lo que sin duda es un éxito de la política. . .

Estos problemas se podrían haber subsanado si la Airef no se hubiera limitado a una comparación estática de las cifras que se daban antes de implementar la póliza, sino más completa y abierta, con diálogo con las distintas instancias involucradas en la gestión de la prestación. , y con una evaluación de las diferentes medidas adoptadas para reducir el problema de acceso a la misma. Este enfoque reduccionista numérico podría incluso ser contraproducente, lo que llevaría a los posibles tomadores de decisiones a no ofrecer métricas al diseñar políticas, por temor a que estas cifras se utilicen estrechamente en su contra en el futuro.

El IMV es la mejor herramienta que tenemos para luchar contra la pobreza. Es un beneficio que ha llegado a 650.000 familias, y cuyo despliegue está ayudando a corregir la desigualdad. Es una política sólida, que sin duda seguiremos mejorando con aportes constructivos.