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Los sindicatos del Reino Unido están denunciando al gobierno ante el organismo de control de los derechos de los trabajadores de la ONU por sus nuevas leyes antihuelgas, diciendo que no cumplen con los estándares legales internacionales.

Paul Nowak, secretario general del Congreso de Sindicatos, anunció el domingo que el grupo impugnará la legislación ante la Organización Internacional del Trabajo.

Los sindicatos votarán en la conferencia anual del TUC el lunes sobre si lanzar una campaña de “incumplimiento” de las leyes, que requerirá que algunos empleados trabajen durante la huelga.

La legislación del gobierno, que ha sido aprobada por el parlamento, busca imponer niveles mínimos de servicio en ocho áreas de la economía, incluido el NHS.

Las medidas se elaboraron después de que comenzara una ola de huelgas en el verano del año pasado, con trabajadores de los sectores público y privado exigiendo salarios más altos en medio de la crisis del costo de vida.

Los ministros están imponiendo niveles mínimos de servicio a los servicios de ambulancias, bomberos y ferrocarriles a través de la legislación.

Esperan alcanzar acuerdos voluntarios para las otras cinco áreas cubiertas por las leyes: educación, seguridad fronteriza, desmantelamiento nuclear y otros servicios de salud y transporte.

Nowak dijo que el TUC presentaría su caso ante la OIT basándose en que la legislación «perniciosa» del gobierno «está muy por debajo» de los estándares legales internacionales.

Añadió que las leyes habían sido redactadas por un gobierno que «buscaba pelear con los sindicatos».

Bajo el nuevo régimen, los jefes de las empresas podrían emitir un “aviso de trabajo” a los sindicatos aclarando qué empleados tendrían que continuar trabajando durante la huelga.

Los empleados que decidieran hacer huelga a pesar de que se les había ordenado trabajar perderían su protección automática contra el despido improcedente.

En algunos otros países europeos existen acuerdos para niveles mínimos de servicio en ciertos sectores, aunque el TUC sostiene que los derechos sindicales son más fuertes en esas naciones.

Según el comité conjunto del parlamento sobre derechos humanos, la OIT ha aceptado que los acuerdos de servicios mínimos durante las huelgas pueden ser justificables.

Pero eso es sólo si los acuerdos se relacionan con servicios públicos importantes o evitarán una crisis nacional o daños al público, dijo el comité.

Se pedirá a los delegados del TUC que voten sobre una moción que pide el incumplimiento de las leyes antihuelgas presentada por el sindicato ferroviario RMT y el sindicato docente NASUWT.

Se espera que la moción sea aprobada y requeriría que el TUC celebre una conferencia especial “para explorar opciones en caso de incumplimiento y resistencia”. También obligaría al TUC a instar a los empleadores a ayudar a que los niveles mínimos de servicio sean “inoperables”.

Un dirigente sindical enfatizó que esto no significaba que los miembros violarían la ley de ninguna manera.

Una portavoz del gobierno dijo que la legislación antihuelga fue diseñada para proteger las vidas y los medios de subsistencia del público y garantizar que pudieran acceder a servicios públicos vitales durante las huelgas disruptivas.

«La legislación no elimina la capacidad de hacer huelga, pero la gente espera que el gobierno actúe en circunstancias en las que sus derechos y libertades se ven afectados de manera desproporcionada, y eso es lo que estamos haciendo con este proyecto de ley», añadió.

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