DETROIT– Un juez quiere saber por qué dos hombres condenados por papeles secundarios en un complot para secuestrar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, han sido trasladados a prisiones federales fuera del estado.

Paul Bellar y Joe Morrison tienen derecho a apelar sus condenas tras un juicio por cargos estatales en el condado de Jackson en 2022. Pero sus abogados dijeron que es extremadamente difícil trabajar con ellos a cientos de kilómetros de distancia.

Dijeron que la distancia interfiere con el derecho a tener acceso a los tribunales de Michigan.

La transferencia es “alucinante” y “espantosa”, dijo Michael Faraone, que representa a Morrison.

«Independientemente de lo que digamos sobre este caso, sin importar lo que pensemos al respecto, creo que podemos estar de acuerdo en que no estamos tratando con Al Qaeda», dijo Faraone a un juez el viernes, refiriéndose al grupo terrorista de Medio Oriente.

Bellar, Morrison y Pete Musico fueron declarados culpables de proporcionar apoyo material para un acto terrorista y otros cargos. No tuvieron un papel directo en la conspiración de secuestro, pero habían recibido entrenamiento con armas con el líder Adam Fox y compartían su disgusto por Whitmer, la policía y los funcionarios públicos, especialmente después de que se impusieron las restricciones de COVID-19.

Musico fue sentenciado a al menos 12 años de prisión. Morrison recibió 10 años y Bellar recibió siete.

Morrison fue enviado a una prisión federal en Illinois y Bellar está en Pensilvania. Musico está en Virginia Occidental, aunque no ha cuestionado formalmente esa ubicación como los otros dos hombres.

“¿Bajo qué autoridad legal lo envió allí el MDOC?” dijo Faraone, refiriéndose a Morrison y el Departamento Correccional del estado. «No he visto una respuesta a eso».

El abogado de apelaciones Ron Ambrose dijo que las transcripciones del juicio enviadas a Bellar por correo han sido devueltas.

“Tratar de comunicarse con el señor Bellar es casi inexistente”, dijo Ambrose, según un video de la sala del tribunal publicado en línea.

El Fiscal General Adjunto John Pallas dijo que no sabía específicamente por qué los tres hombres fueron transferidos fuera de Michigan, aparte de «preocupaciones generales de seguridad».

«Sin esa información, parece que estamos volando a ciegas», dijo el juez Thomas Wilson.

El estado normalmente paga alrededor de 100 dólares al día al gobierno federal para alojar a un prisionero, dijo a The Associated Press el portavoz del Departamento Correccional, Kyle Kaminski. Eso sumaría aproximadamente 110.000 dólares al año para los tres hombres.

Kaminski, citando el litigio, se negó a explicar por qué el estado envió a Morrison, Bellar y Musico fuera del estado. Hay una prisión federal en Milán, Michigan.

En el tribunal, Pallas se comprometió a ayudar a los abogados a mejorar su capacidad para hablar con los hombres. Sin embargo, el juez fijó una audiencia para el 1 de diciembre para obtener respuestas y una actualización.

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