El Gobierno envió a los gobernadores un nuevo proyecto de la “ley integral” como punto de partida para retomar las negociaciones en el Congreso luego del fracaso del primer intento a principios de febrero.

El renovado texto de la “ley integral” enviado a los gobernadores consta de 177 páginas que contienen 269 artículos distribuidos en 11 secciones. Se trata de una versión revisada de la propuesta original, más concisa: tiene 400 artículos menos que los 664 que incluía el texto inicial.

Dentro de los temas abordados, similar al proyecto anterior, se encuentran las emergencias y la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, una reforma del Estado, disposiciones sobre la consolidación de deuda, desregulación económica, defensa de la competencia, y el Régimen de incentivo para grandes inversiones.

El primer artículo establece la declaración de la “emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año”, durante el cual el presidente Milei tendría poderes especiales.

Además, se menciona la inclusión en el paquete de empresas a privatizar como Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina (Enarsa) y Radio y Televisión Argentina, mientras que Aysa, el Correo Oficial, el Belgrano Cargas, Sofse (la operadora de trenes metropolitanos), Corredores Viales y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio se consideran dentro de la opción “privatización/concesión”.

Por otro lado, Nucleoeléctrica Argentina, el Banco Nación y todas las empresas del Grupo Nación y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) “sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”. No se incluyen empresas cordobesas en la lista.

El Gobierno destaca que el proceso de privatización debe realizarse respetando los principios de transparencia, competencia, concurrencia, gobierno abierto, publicidad y difusión.

Se introducen varios cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, como la obligatoriedad del “descuento del proporcional de haberes por los días en los que el empleado haya decidido ejercer su derecho de huelga”, lo que podría aumentar la tensión con el sindicalismo.

Además, la Casa Rosada ha difundido un borrador del paquete fiscal entre los gobernadores, diputados y senadores nacionales. Este documento consta de 115 páginas, 119 artículos y siete secciones.

Algunos artículos del paquete fiscal implicarán un alivio fiscal para las provincias a través de una mayor coparticipación, como la restitución del pago de Ganancias para unos 800 mil empleados.

Para justificar la reintroducción de la cuarta categoría de Ganancias, eliminada a fines de 2023 por Sergio Massa, el Gobierno argumenta que “ese impuesto es el más progresivo”.

El proyecto propone modificar la Ley del Impuesto a las Ganancias para lograr, mediante alícuotas progresivas, una carga tributaria que permita al Estado recuperar los ingresos perdidos por la política fiscal adoptada previamente a diciembre de 2023, sin descuidar la capacidad contributiva de cada contribuyente y la progresividad del impuesto sobre los ingresos.

Los ingresos afectados serían los sueldos mensuales a partir de 1,25 millones de pesos, la misma cifra propuesta en la primera versión de la Ley Integral debatida entre diciembre y enero.

Las escalas del monotributo pasarían a ser, según el paquete fiscal, de un máximo de ingresos de 3 millones anuales (unos 250.000 pesos mensuales) para la categoría más baja; para la categoría B un tope de 4 millones anuales (333.333 pesos mensuales); para la C un límite de 5,5 millones por año (458.333 mensuales); para la D un máximo de 7,5 millones anuales (625 mil por mes).

Además, la ley establece que esos montos se actualizarán trimestralmente.

En cuanto a Bienes Personales, el proyecto contempla una reducción de alícuotas, tal como se proponía en la versión anterior.