El mandato de seis años de Duterte finaliza el próximo año y, según la Constitución filipina, no puede postularse ni un segundo. Pero espera postularse para la vicepresidencia junto a un aliado político que, si gana la presidencia, estaría en condiciones de proteger a Duterte de la corte.

Edre Olalia, presidente de la Unión Nacional de Abogados del Pueblo, que brinda asistencia legal a las personas que perdieron a familiares en la guerra contra las drogas, dijo que el tiempo se agota para Duterte, pero que los asesinatos continúan.

El miércoles por la noche, incluso cuando las noticias del tribunal de La Haya llegaban a Filipinas, un abogado de la organización de Olalia, Juan Macababbad, fue baleado en la ciudad sureña de Cotabato por hombres desconocidos, dijo.

“Fue el 4 de julio de 2016, cuando por primera vez hicimos un llamado público contra la locura de las ejecuciones extrajudiciales en la sangrienta campaña de drogas contra los pobres”, dijo Olalia. “Ahora la CPI ha abierto las puertas para un nuevo comienzo; hasta ahora ha sido un viaje largo y tortuoso ”.

“Todo vale la pena”, dijo. “Valdrá la pena.”