La operación policial lanzada este jueves en Brasil contra el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022) y su círculo por un intento de golpe de Estado contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, incluye una treintena de nombres, desde ex ministros hasta altos oficiales militares. La Policía Federal ejecutó 33 órdenes de allanamiento y 4 órdenes de prisión preventiva en una decena de estados brasileños contra la trama golpista, que buscaba antes y después de las elecciones de 2022 mantener a Bolsonaro en el poder, según la investigación.

Estos son los principales objetivos de la operación:

El expresidente fue obligado a entregar su pasaporte y tiene prohibido entrar en contacto con otras personas investigadas por orden del Tribunal Supremo. Tras perder las elecciones, se negó a reconocer los resultados. Durante los atentados del 8 de enero de 2023 en Brasilia se encontraba en Estados Unidos, pero la investigación policial lo sitúa previamente en múltiples reuniones con asesores y militares para discutir la posibilidad de un golpe de estado. En junio pasado, fue inhabilitado por el Tribunal Superior Electoral por abuso de poder, al cuestionar las urnas electrónicas utilizadas en los comicios.

El ex comandante de la Marina es objeto de una orden de allanamiento. Tras la derrota electoral de Bolsonaro, el almirante participó en una reunión con el entonces presidente en la que se mostró partidario de un golpe de Estado, como confesó a la policía el ex ayudante de campo de Bolsonaro, Mauro Cid, citado en el auto del magistrado. Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, responsable de la investigación.

El ex Jefe de Estado Mayor y Ministro de Defensa es objeto de una orden de registro. General de reserva, fue elegido por Bolsonaro como candidato a vicepresidente en las elecciones de 2022. Tras la derrota, Braga Netto ordenó presionar a los militares que se oponían al golpe, según la Policía. En noviembre pasado fue inhabilitado por ocho años por abuso de poder, al convertir las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia en un acto electoral.

El último ministro de Defensa de Bolsonaro tras la salida de Braga Netto es objeto de una orden de registro. Tras los comicios, este general envió un informe al Tribunal Superior Electoral en el que señalaba supuestos «riesgos» del sistema de urnas electrónicas.

El general de reserva es objeto de una orden de registro. Fue el principal asesor de Bolsonaro en temas de seguridad. El magistrado Alexandre de Moraes lo señala como «responsable de recopilar información» que podría ayudar a Bolsonaro a llevar a cabo el golpe.

El exasesor de Asuntos Internacionales de Bolsonaro ha sido uno de los cuatro sospechosos detenidos preventivamente. De Moraes lo cita como el encargado de entregar al expresidente un proyecto de «decreto de golpe de Estado» que luego sería discutido con la cúpula militar y otros miembros del Gobierno.

El exdiputado es objeto de una orden de allanamiento, según informó la prensa local. Es el presidente del Partido Liberal, al que pertenece Bolsonaro. Tras la derrota electoral, el partido presentó un informe al tribunal electoral sobre presuntas irregularidades en las urnas. El tribunal rechazó las acusaciones por considerarlas falsas y multó al partido con 22,9 millones de reales (unos 4,6 millones de dólares).