En entrevistas, los manifestantes y sus familias describieron conversaciones de pánico dentro de las casas y entre vecinos sobre cómo podría durar la represión en los próximos días. Los cubanos empleados por el estado estaban preocupados por su seguridad laboral. Aquellos con familiares detenidos expresaron su temor de que denunciar la situación trataría a sus seres queridos con mayor dureza.

“Esta práctica de las detenciones tiene el efecto de convertir a la gente en un ejemplo”, dijo Laritza Diversent, directora de Cubalex, una organización de derechos humanos iniciada en Cuba pero ahora radicada en Estados Unidos que brinda asistencia legal a disidentes. “El resto de la sociedad se inhibe de participar en nuevas manifestaciones”.

Las autoridades cubanas fueron tomadas con la guardia baja por el alcance y el tamaño de las manifestaciones del 11 de julio. El presidente Miguel Díaz-Canel llamó a los partidarios del gobierno a volver a las calles, emitiendo explícitamente “un llamado al combate”.

Al día siguiente, el presidente adoptó un tono más conciliador, reconociendo la privación y la angustia que viven muchas familias cubanas. Las protestas fueron impulsadas por una crisis económica que se agravó cuando la pandemia cerró el turismo, dejando a muchos cubanos desempleados y hambrientos.

Funcionarios del gobierno cubano dicen que todas las investigaciones y arrestos derivados de las protestas del 11 de julio, que incluyeron saqueos, ataques a policías y actos de vandalismo, se han llevado a cabo legalmente.

“En Cuba no hay cárceles secretas”, dijo el coronel Víctor Álvarez Valle, alto funcionario del Ministerio del Interior, en una entrevista transmitida por un canal de televisión estatal. Dijo que a los cubanos que fueron detenidos como resultado de las manifestaciones se les permitió comunicarse con sus seres queridos y tendrán acceso a abogados defensores.