Una ley de California que garantiza que los trabajadores de conciertos sean considerados contratistas independientes, mientras que les otorga algunos beneficios limitados, es inconstitucional e inaplicable, dictaminó un juez de la Corte Superior de California el viernes por la noche.

No es probable que la decisión afecte de inmediato la nueva ley, y es seguro que enfrentará apelaciones de Uber y otras compañías llamadas gig economy. Reabrió el debate sobre si los conductores de servicios de camiones y los mensajeros de entrega son empleados de pleno derecho o contratistas independientes que son responsables de sus propios negocios y ganancias.

La Proposición 22 del año pasado, una iniciativa de votación respaldada por Uber, Lyft, DoorDash y otras empresas de economía de conciertos, creó una tercera clasificación para los trabajadores, otorgando beneficios limitados a los trabajadores de conciertos y evitando que se los considere empleados de los gigantes tecnológicos. La iniciativa fue aprobada en noviembre con más del 58 por ciento de los votos.

Pero los conductores y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios presentaron una demanda que impugna la constitucionalidad de la ley. El grupo argumentó que la Prop. 22 era inconstitucional porque limitaba la capacidad de la Legislatura del Estado para permitir que los trabajadores se organicen y accedan a la compensación para trabajadores.